Un grupo de diputados ha presentado ante la Duma un proyecto de ley para introducir sanciones penales a la aplicación de sanciones extranjeras en Rusia, lo que podría conllevar una multa de hasta un millón de rublos o prisión de hasta 10 años de cárcel.
"Varias empresas rusas, incluidas aquellas con participación estatal, por una razón u otra, se niegan a trabajar con bancos y empresas que ya han sido objeto de sanciones, porque tienen miedo de serlo también", ha explicado el diputado ruso Pavel Krasheninnikov.
"Para evitar el deterioro de la situación económica dentro del país, proponemos modificar el Código Penal de la Federación Rusa", ha agregado. En concreto, el proyecto de ley contempla un agravante al apartado 2 del artículo 201 del Código Penal ruso sobre 'Abuso de poder', según ha informado la agencia de noticias TASS.
Así, la ejecución de sanciones extranjeras sería punible con una multa de hasta 1 millón de rublos, entre otras. Este delito también podría acarrear penas de prisión de hasta diez años con privación del derecho a ocupar determinados cargos o realizar determinadas actividades hasta por tres años.
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